La confianza comercial también se cultiva
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La confianza comercial también se cultiva

En el comercio internacional de frutas y hortalizas, una controversia rara vez comienza con un gran conflicto. Basta una diferencia sobre la condición de la fruta, un pago pendiente o una interpretación distinta de un acuerdo para poner en riesgo relaciones construidas durante años. Desde hace un cuarto de siglo, la DRC ha desarrollado un modelo que busca resolver esos conflictos antes de que terminen en tribunales y, sobre todo, antes de que destruyan la confianza entre compradores y vendedores.


El contenedor finalmente llega a destino. Después de varias semanas de viaje, la fruta es descargada, inspeccionada y evaluada. Hasta ese momento, todo parece haber seguido el curso esperado. Pero bastan unas horas para que aparezca el correo electrónico que ningún exportador quiere recibir: el comprador sostiene que la condición del producto no corresponde a lo acordado y anuncia descuentos sobre el pago. Desde el otro lado del mundo, el productor está convencido de que la fruta salió en perfectas condiciones. El importador cree tener razones para reclamar. El exportador está seguro de que el problema ocurrió durante el transporte. Nadie quiere perder dinero. Nadie quiere perder un cliente.

Escenas como esta forman parte de la vida cotidiana del comercio internacional de frutas y hortalizas. Una industria donde millones de dólares cambian de manos cada temporada depende, en gran medida, de algo que no aparece en los balances financieros: la confianza.

Cuando esa confianza se deteriora, contar con reglas claras y con un mecanismo especializado para resolver diferencias puede marcar la diferencia entre preservar una relación comercial o perderla definitivamente.

Es el rol que, desde hace 26 años, desarrolla la Corporación de Solución de Controversias sobre Frutas y Hortalizas (DRC, por sus siglas en inglés).

Fundada en el año 2000 como una organización internacional sin fines de lucro basada en miembros, la DRC nació con un propósito concreto: ofrecer a la industria un sistema especializado para prevenir y resolver controversias comerciales, promoviendo un comercio justo, ético y eficiente entre compradores y vendedores.

En ese tiempo ha contribuido a resolver miles de controversias y, al mismo tiempo, ha ayudado a consolidar un lenguaje común para una industria que opera todos los días entre distintos países, culturas jurídicas y formas de hacer negocios.

Aunque suele asociarse a la resolución de disputas, buena parte del trabajo de la DRC ocurre antes de que un conflicto llegue a escalar.

“Muchas veces un miembro simplemente nos llama y nos dice: ‘Estoy teniendo este problema, pero todavía no quiero abrir un expediente. ¿Qué me recomiendan?’. Esa conversación inicial permite aclarar dudas, interpretar las reglas aplicables y, en numerosos casos, evitar que una diferencia termine convirtiéndose en una controversia formal”, explica Jaime Bustamante, vicepresidente de Asistencia Comercial y Desarrollo de Negocios de la DRC.

Las consultas abarcan prácticamente cualquier aspecto de la relación comercial: diferencias sobre la condición de la fruta al arribo, incumplimientos contractuales, pagos pendientes, discrepancias respecto del transporte, interpretación de acuerdos comerciales o conflictos derivados de operaciones realizadas incluso sin contratos escritos.

En un sector donde todavía son frecuentes los acuerdos basados en relaciones de confianza y donde los marketing agreements o consignment agreements no siempre forman parte de la negociación, las normas de la DRC adquieren un papel especialmente relevante.

“Esas reglas establecen criterios ampliamente reconocidos por la industria respecto de obligaciones comerciales, transporte, inspecciones y estándares de buena llegada, entregando un marco objetivo cuando los documentos contractuales resultan insuficientes o poco específicos”, explica Bustamante.

UNA CULTURA COMERCIAL

El modelo de resolución desarrollado por la DRC se estructura en tres etapas sucesivas: consultas, mediación informal y arbitraje.

Las dos primeras forman parte de los beneficios incluidos en la membresía y buscan precisamente evitar que los desacuerdos evolucionen hacia conflictos mayores.

Cuando una consulta no basta para resolver el problema, cualquiera de las partes puede iniciar una mediación informal mediante la presentación de una notificación de controversia.

Durante un período aproximado de 21 días, ambas partes exponen sus antecedentes y evidencias. La DRC analiza el caso, identifica fortalezas y debilidades de cada posición y entrega opiniones técnicas no vinculantes que facilitan una solución negociada.

“Nuestro objetivo no es declarar ganadores y perdedores”, señala Bustamante. “Buscamos que ambas partes comprendan dónde está el origen del problema y cuáles son los riesgos que enfrentan. Cuando eso ocurre, normalmente es mucho más fácil construir un acuerdo que preserve la relación comercial”.

Las cifras reflejan la eficacia de ese enfoque.

Cada año, la DRC atiende entre 200 y 300 consultas, administra alrededor de 30 a 40 mediaciones informales y solo entre 10 y 12 casos llegan finalmente a arbitraje.

Para Bustamante, esa evolución demuestra que la organización cumple una función que trasciende la resolución de controversias.

“Las tres etapas tienen también un enorme componente educativo. Nuestros miembros se han instruido en el funcionamiento de las reglas del comercio internacional de frutas y hortalizas y han comprendido que llegar a un arbitraje no necesariamente representa el mejor resultado. En la mayoría de los casos, resolver el problema antes beneficia a ambas partes”.

Cuando la mediación no logra acercar posiciones, las partes pueden recurrir al arbitraje.

En esa instancia interviene un árbitro independiente —no perteneciente a la DRC—, seleccionado por su experiencia internacional en comercialización de frutas y hortalizas, quien emite una decisión definitiva sobre el caso.

A diferencia de los procesos judiciales tradicionales, donde una controversia comercial puede prolongarse durante años, el sistema busca entregar respuestas en plazos compatibles con la dinámica del negocio.

“La mediación informal demora, en promedio, 21 días. Incluso los arbitrajes suelen resolverse en tiempos considerablemente más breves que un proceso judicial. Hemos tenido casos concluidos en apenas 60 días, mientras que los más extensos pueden tomar entre 120 y 160 días. Para una industria que depende de decisiones oportunas, la brevedad de los plazos resulta determinante”, subraya Bustamante.

El arbitraje tiene un costo adicional, determinado según el monto reclamado, pero constituye solo la última instancia de un sistema diseñado precisamente para evitar llegar hasta allí.

Quizás esa sea una de las mayores fortalezas del modelo desarrollado por la DRC. Más que ofrecer un mecanismo para resolver disputas, ha contribuido a fortalecer la cultura comercial de una industria global donde la confianza continúa siendo uno de los activos más valiosos.

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