Los progresistas, ¿quiénes son?
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Los progresistas, ¿quiénes son?

Los progresistas pueden mostrarse especialmente generosos porque administran recursos que no generan directamente y, cuando estos resultan insuficientes, recurren simplemente a elevar la carga tributaria sobre quienes producen la riqueza. No les preocupa que se despilfarre, ya que siempre pueden sacarle más a los productivos.


Por Magdalena Merbilháa - Historiadora, Directora Red Cultural

La palabra progresista se utiliza con frecuencia para designar a quien no es conservador. Sin embargo, su origen y significado histórico son bastante más complejos. El término se remonta a los albores de la Revolución Francesa, cuando el entonces “ciudadano” Condorcet —otrora marqués de Condorcet, devenido en revolucionario— formuló su célebre idea del “progreso indefinido”. Según su visión, el futuro debía ser necesariamente mejor que el pasado. Corría el año 1789 y las transformaciones que comenzaba a anunciar la incipiente Revolución Industrial parecían abrir las puertas a una humanidad cada vez más próspera.

Sin embargo, la revolución de la que Condorcet fue protagonista no representó únicamente un avance; también implicó profundos retrocesos. Es cierto que contribuyó a establecer el principio de igualdad ante la ley, pero el costo de ese proceso democratizador fueron miles de vidas humanas. En su desarrollo no siempre prevalecieron la igualdad, la libertad ni mucho menos la fraternidad que proclamaban sus ideales.

El concepto de progreso también encuentra sus raíces en una corriente filosófica que, tras la crítica de Immanuel Kant a la posibilidad de acceder al absoluto, asumió que la verdad estaba fuera del alcance humano. Surgió entonces la necesidad de reemplazarla por nuevas certezas: ideas convertidas en “dioses”, en torno a las cuales se construyeron sistemas de pensamiento completos. Nació así el idealismo y, con él, la ideología: el intento de explicar la realidad desde una idea rectora que sustituye a la verdad como fundamento último.

Los idealistas fueron diversos entre sí, pero compartieron un rasgo común: entendieron la historia como un proceso dialéctico orientado hacia un futuro necesariamente superior al pasado. Allí puede encontrarse una de las raíces filosóficas de lo que posteriormente se conocerá como pensamiento progresista.

A ello se sumaron las profundas transformaciones del siglo XIX, que dieron origen al mundo moderno. Aquellas generaciones experimentaron mejoras materiales evidentes respecto de sus padres y, con mayor razón, de sus abuelos. Quienes habían nacido iluminándose con velas o gas vieron cómo la electricidad revolucionaba la vida cotidiana. El mundo se hizo más pequeño, las comunicaciones se multiplicaron y la sociedad de consumo comenzó a ofrecer una abundancia desconocida hasta entonces.

No resulta extraño que la idea de un progreso indefinido impregnara buena parte del pensamiento de la época y que importantes intelectuales decimonónicos sostuvieran que la humanidad avanzaba hacia la felicidad imperecedera.

Dentro de ese amplio universo intelectual surgieron corrientes muy distintas entre sí. Una de las más influyentes fue el marxismo, una verdadera religión de sustitución que prometía el paraíso no después de la muerte, sino en esta vida, mediante la transformación de las condiciones materiales. Karl Marx fue un idealista materialista: el principio organizador de toda su filosofía fue la economía. Desde esa perspectiva interpretó la totalidad de la realidad, incluida la dignidad humana.

Afirmó que su socialismo era científico y, por tanto, inexorable: una etapa histórica destinada a suceder inevitablemente al capitalismo, condenado —según su análisis— por la ley de la plusvalía. Su proyecto se enfrentó a la Iglesia, como antes lo habían hecho los jacobinos franceses, pero fue más lejos al oponerse a todo aquello que representara la tradición o el conservadurismo. De allí nació también la caricatura del conservador como alguien anacrónico, un “frasco de naftalina” cuya existencia representaría un vestigio incómodo del pasado.

Sin embargo, los conservadores rara vez han sido inmovilistas. A lo largo de la historia han impulsado cambios profundos, aunque con la convicción de que no todo puede ni debe transformarse. Del mismo modo que identifican aquello que consideran necesario modificar, procuran preservar aquello que estiman esencial. Una nación, una sociedad o una persona que aspira a conservar su identidad no puede pretender cambiarlo todo.

Con el paso del tiempo, una parte importante del progresismo occidental incorporó categorías provenientes del análisis marxista, aun cuando muchas veces lo hiciera sin asumir explícitamente esa filiación. La oposición entre opresores y oprimidos, la desconfianza hacia la propiedad privada, la comprensión de la historia como una sucesión permanente de conflictos y la aspiración a refundar el orden existente pasaron a formar parte del lenguaje habitual de numerosos movimientos políticos y culturales contemporáneos.

Fue también desde esa matriz que muchos sectores progresistas construyeron su identidad en oposición al conservadurismo. Se presentaron como el “antídoto” frente al pasado y lograron instalar un relato según el cual el progreso, la bondad y la fraternidad quedaban naturalmente asociados a su causa. En esa narrativa, ellos encarnaban a “las buenas personas”, mientras el conservador pasaba a representar el obstáculo moral e histórico que debía ser derrotado.

Pero el siglo XX significó un severo revés a la idea del progreso inevitable. Las guerras mundiales demostraron que el futuro también podía significar retrocesos de una magnitud desconocida. Los totalitarismos buscaron someter al individuo al poder del Estado y dejaron en evidencia hasta dónde podían conducir determinadas concepciones ideológicas.

Algunos de esos principios continúan presentes en sectores que hoy se autodefinen como progresistas. En su mirada, la lucha de clases sigue siendo el esquema interpretativo predominante y el conflicto entre ricos y pobres aparece como el motor fundamental de la historia.

La experiencia histórica, sin embargo, muestra que las revoluciones realizadas en nombre de los desposeídos no hiceron más que reemplazar una élite por otra. Fue en estos contextos revolucionarios que surgió con fuerza la noción de “justicia social”, expresión cuyo significado resulta, a lo menos, discutible. La tradición clásica entiende la justicia como dar a cada uno lo que es de suyo propio, no necesariamente distribuir a todos por igual.

Algo similar ocurre con el concepto mismo de sociedad. Esta constituye una realidad formada por los individuos que la integran, pero con frecuencia se le atribuye una existencia casi autónoma, cercana a una entidad sacralizada. Desde esa óptica, la expresión “justicia social” se utiliza para justificar mecanismos de redistribución incompatibles con el derecho de propiedad, extrayendo recursos de quienes producen para transferirlos a otros, aunque en la práctica una parte importante de esos recursos termine fortaleciendo a nuevas élites políticas y burocráticas.

Para el progresismo contemporáneo, el Estado debe ser el principal instrumento de redistribución y, en consecuencia, resulta legítimo ampliar su capacidad recaudatoria, obligando a los ciudadanos a destinar una parte significativa del fruto de su trabajo a las arcas fiscales.

Los progresistas pueden mostrarse especialmente generosos porque administran recursos que no generan directamente y, cuando estos resultan insuficientes, recurren simplemente a elevar la carga tributaria sobre quienes producen la riqueza. No les preocupa que se despilfarre, ya que siempre pueden sacarle más a los productivos.

El problema aparece cuando la carga tributaria supera lo que se considera razonable y justo. En ese momento se rompe el delicado equilibrio que lleva a los ciudadanos a aceptar contribuir solidariamente para atender las necesidades de otros.

El progresismo tiende a expandir el gasto público más allá de la capacidad real de generación de riqueza de un país, debilitando las economías nacionales y extendiendo la pobreza, mientras las dirigencias políticas mantienen o incluso incrementan sus privilegios.

Venezuela es el mejor ejemplo: un país que alguna vez ofreció prosperidad terminó sumido en una profunda crisis económica y social, mientras sus élites conservaron el poder y los beneficios asociados a él. Lo mismo ocurre con Cuba, donde las promesas de igualdad conviven con sueldos miserables y severas limitaciones materiales para la mayoría de la población.

Y es que el progresismo incurre en una contradicción fundamental cuando, en nombre del bienestar colectivo, termina promoviendo políticas que producen efectos contrarios a los que declara perseguir. Si el progreso implica una mejora real de la condición humana, no basta con invocarlo: es necesario preguntarse si las ideas que se promueven efectivamente conducen a ese objetivo o, por el contrario, terminan generando un franco retroceso para los ciudadanos.

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