Lejos de los huertos, una enorme zona del océano Pacífico cercana a la línea del Ecuador comienza a calentarse más de lo habitual. Ese cambio altera la circulación de los vientos y modifica el comportamiento de las lluvias: mientras algunos territorios pueden enfrentar temporales e inundaciones, otros quedan expuestos a sequías, altas temperaturas e incendios. Ese gran reordenamiento climático es El Niño, un evento conocido desde hace décadas, pero cuyos efectos nunca son exactamente iguales.
El nombre surgió entre los pescadores de la costa de Perú, quienes observaron que, cerca de Navidad, una corriente de agua cálida avanzaba hacia el sur y modificaba las condiciones del mar. Por su coincidencia con esa fecha, la llamaron El Niño, en alusión al Niño Jesús. Hoy sabemos que forma parte de una alteración mucho más amplia, capaz de modificar el clima en distintos puntos del planeta.
Actualmente, las aguas del Pacífico ecuatorial presentan temperaturas superiores a lo normal y la atmósfera ya ha comenzado a responder a ese calentamiento. En Chile, las lluvias extremas de julio interrumpieron un comienzo de año marcado por déficits superiores al 70% entre Coquimbo y Biobío. A escala global, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) proyecta que El Niño alcance una intensidad fuerte entre agosto y octubre, mientras que la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés) estima una alta probabilidad de que persista hasta comienzos de 2027. Esto no implica que sus efectos sean iguales en todos los países: en América Latina, algunos territorios podrían enfrentar más lluvias e inundaciones, mientras otros quedarían expuestos a menos precipitaciones, estrés hídrico y temperaturas más altas.
El profesor Fernando Santibáñez lleva décadas estudiando la relación entre clima, agricultura y territorio. Ingeniero agrónomo, doctorado en Francia y fundador del Centro de Agricultura y Medio Ambiente (AGRIMED) de la Universidad de Chile, confirma que el fenómeno ya está en marcha: “Estamos en pleno proceso de instalación de El Niño. Las aguas del Pacífico siguen aumentando la temperatura en las costas de Sudamérica. Se pronostica que la máxima expresión de este fenómeno ocurra en el trimestre octubre-noviembre-diciembre de este año. A partir de ahí, comenzaría una lenta declinación, lo que lo haría perdurar hasta inicios del invierno de 2027”, adelanta.
Para la fruticultura de exportación, esa incertidumbre representa un desafío especialmente complejo. Una cosecha no depende solamente de cuánta agua cae, sino también de cuándo lo hace, con qué intensidad y en qué momento del desarrollo de la fruta. El problema, entonces, no consiste únicamente en prepararse para un año más lluvioso o más seco, sino en producir en un escenario cada vez menos predecible.
UNA REGIÓN EXPUESTA A RIESGOS OPUESTOS
No todas las zonas productivas enfrentarán las mismas vulnerabilidades. Según Santibáñez, los países de la costa del Pacífico —Ecuador, Perú y Chile— son los más amenazados por las lluvias intensas, con un inicio de primavera especialmente complejo que obliga a extremar los resguardos, tanto sanitarios como de protección física de los cultivos. Al otro lado de la cordillera el riesgo se invierte: la sequía puede golpear a la agricultura de Colombia, Venezuela y Brasil —en la Amazonía y el nordeste—, mientras que el sur de Brasil, Paraguay, Uruguay y el norte de Argentina podrían recibir más lluvia, con riesgo de inundaciones.
Las diferencias entre territorios impiden pensar en una receta única para la agroexportación latinoamericana. A partir de estos riesgos, las prioridades también cambian: en las zonas expuestas a precipitaciones intensas, el foco deberá estar en la sanidad y la protección física de los cultivos; donde predomine la sequía, en la disponibilidad y gestión del agua. A eso se suma un riesgo transversal a toda la región: “Especial preocupación se deberá tener con la prevención de incendios forestales en todo el continente”, advierte.
En la fruta de exportación, además, el riesgo no se limita al volumen. Tanto las lluvias tardías de primavera como los golpes de calor y frescor intermitentes son característicos de este tipo de años, y “ambos fenómenos no ayudan para nada a la calidad de la fruta”, dice el agrónomo. En los años de Niño intenso, explica, el régimen térmico se vuelve inestable —alternando calor y frescor—, lo que dificulta que la fruta alcance buenos niveles de materia seca y azúcares, a lo que se suman los daños en la piel producidos por lluvias y eventual granizo asociados a episodios convectivos. Santibáñez pone especial atención en los vientos cálidos y desecantes de cordillera, cuya probabilidad de ocurrencia aumenta en estos años por el contraste de presiones entre la costa chilena y el interior de Argentina.
Así, incluso si existe fruta disponible, su condición puede verse comprometida. Para una industria que debe responder a estándares exigentes y sostener una oferta consistente en destino, la variabilidad climática se convierte también en un riesgo comercial.
MÁS LLUVIA NO SIEMPRE SIGNIFICA MÁS AGUA
Uno de los aparentes contrasentidos de El Niño es que una temporada con episodios intensos de lluvia no necesariamente resuelve la escasez hídrica. Cuando las precipitaciones se concentran en pocos días, gran parte del agua escurre rápidamente hacia el océano. Aunque los embalses permiten almacenar parte de ese caudal, en los territorios que no cuentan con infraestructura suficiente las lluvias no siempre se traducen en reservas para los meses secos. La diferencia radica, por lo tanto, en la capacidad de cada zona para almacenar, infiltrar y regular el agua disponible.
Según describe el doctor Santibáñez, las cuencas que disponen de embalses se ven claramente beneficiadas durante Niños intensos, gracias al escurrimiento súbito que provocan las lluvias con isoterma alta. Donde no hay embalses, en cambio, la mayor parte de las precipitaciones escurre hacia el océano en 48 horas, sin recargar las napas de manera proporcional a la lluvia, y el coeficiente de retención del agua en el territorio cae bruscamente.
Por eso, medir la seguridad hídrica solo a partir del total anual de precipitaciones puede resultar engañoso: también importan la intensidad de cada evento, el estado de los suelos y la capacidad de almacenamiento e infiltración de la cuenca.
El experto plantea, además, que el régimen de lluvias tenderá cada vez más hacia eventos intensos y concentrados, lo que podría acentuar la crisis hídrica si el país no amplía su capacidad de regulación con más embalses, obras de infiltración, reforestación de cabeceras de cuencas y gestión regenerativa de suelos.
Para la fruticultura, cuyas plantaciones permanecen productivas durante años, esta mirada es decisiva al evaluar dónde expandirse y qué disponibilidad real de agua tendrá cada zona en el futuro.
MEDIDAS: DECIDIR ANTES DE LA EMERGENCIA
La adaptación comienza mucho antes de una alerta meteorológica. Exige revisar dónde se instala un huerto, qué variedad y portainjerto se eligen, cómo se administra el agua dentro y fuera del predio y qué prácticas permiten recuperar las propiedades del suelo. Algunas decisiones se toman cada temporada; otras, como la ubicación de una plantación o su genética, condicionan la producción durante décadas.
Fernando Santibáñez propone además ampliar la mirada sanitaria: en lugar de actuar únicamente cuando aparecen plagas o enfermedades, plantea recuperar los equilibrios biológicos que se han ido deteriorando por el daño a los ecosistemas, los incendios forestales y la desaparición de especies benéficas. A esto se suman, cuando el cultivo y su valor lo justifican, barreras físicas de protección. “Sin duda, la protección física en ciertos casos es necesaria frente a lluvias, viento, heladas, exceso de radiación solar y granizo, que va en aumento”, señala.
La combinación dependerá del cultivo, el territorio y la magnitud del riesgo. No toda tecnología será viable en todos los huertos, pero el criterio común es anticipar: reducir la exposición antes de que ocurra el evento, fortalecer la capacidad de respuesta y proteger la calidad que exige el mercado.
RESPONSABILIDAD COMPARTIDA: GOBIERNOS, ACADEMIA Y FINANCIAMIENTO
La escala del desafío supera la capacidad de respuesta individual de los productores. “La agricultura necesitará cada vez más de mecanismos de prevención y aseguramiento que le permitan al agricultor trabajar con menores niveles de incertidumbre, tanto en materia de riesgos físico-climáticos como operacionales y financieros. El rol social de la agricultura es demasiado importante como para que sean los propios agricultores los que absorban todo el riesgo de producir alimentos para una población creciente”, plantea Santibáñez.
Esto instala una pregunta de fondo. ¿Quién debe absorber el costo de producir alimentos bajo condiciones climáticas cada vez más riesgosas? En esa distribución de responsabilidades, los estados no aparecen solo como autoridades que reaccionan ante una emergencia: “En esto, los gobiernos también son socios, si consideramos que generar ruralidad, bienestar, trabajo y alimentos son tareas donde tienen una alta responsabilidad”, dice el experto. El sector financiero y asegurador, por su parte, tiene el desafío de ofrecer instrumentos que permitan administrar riesgos que ya no pueden considerarse excepcionales.
La academia ocupa otro lugar central. El reto climático no es únicamente agronómico, pues combina dimensiones biológicas, sociales, económicas y tecnológicas. Por eso, Santibáñez plantea formar equipos multidisciplinarios capaces de ordenar y conectar conocimientos que hoy avanzan por separado, desde la biología celular y la genética hasta la gestión del agua y el ordenamiento territorial rural. Con recursos finitos de suelo, agua, espacio, genética y capital, y una capacidad limitada del ambiente para acoger presiones humanas, el desafío que plantea es mayúsculo: “La tarea es aumentar por lo menos en un 70% la producción de alimentos hacia la segunda mitad de este siglo”.
El Niño concentra hoy las alertas, pero la discusión que abre es permanente. Para la agroexportación latinoamericana, prepararse ya no significa responder por separado a una lluvia, una sequía o un incendio. Supone comprender qué riesgo domina en cada territorio, tomar decisiones productivas con anticipación y construir una red de responsabilidades en la que productores, gobiernos, ciencia y financiamiento aporten sus capacidades específicas.