Luego de un arduo trabajo en las Comisiones Unidas de Agricultura, Medio Ambiente y Recursos Hídricos del Senado, donde obtuvo un apoyo transversal, la iniciativa fue aprobada por unanimidad en la Sala del Senado y hoy se encuentra en tercer trámite constitucional en la Cámara de Diputados, donde también esperamos contar con un respaldo amplio de las y los parlamentarios.
Las modificaciones introducidas a la Ley de Riego tienen por objetivo -entre otras cosas- optimizar el uso de los recursos públicos aplicando un nuevo criterio de categorización del tamaño de los agricultores, basado en la información de ingresos por ventas del Servicio de Impuestos Internos.
La aplicación de este criterio permitirá dirigir parte de los apoyos económicos que entrega la CNR -particularmente los destinados a proyectos individuales intraprediales (en especial de tecnificación)- hacia aquellos agricultores pequeños y medianos que se encuentran bajo la línea de las 50 mil UF de ingresos por ventas anuales, los que representan más del 99% del total de agricultores que hay hoy en Chile.
Dentro de ese 99% -en el que se incluye a la totalidad de la “clase media rural” dedicada a la agricultura y miles de agricultores no atendidos por INDAP- se encuentran los grupos con mayores brechas de tecnificación, productividad y eficiencia hídrica del país los que, además, cuentan con las menores capacidades financieras para invertir en sistemas de riego tecnificado.
Por ello, sabemos que son estos grupos -de ingresos bajos y medios- los que requieren más impulso estatal, pero, también, que la focalización de recursos en este segmento mayoritario generará impactos positivos en la creación de oportunidades económicas, en la producción de alimentos para el consumo local, en la seguridad hídrica y, lo más importante, en el mejoramiento de la calidad de vida de cientos de agricultores y sus familias cada año.
En este sentido, quiero destacar que la propuesta de ley incrementa los montos de bonificación para los proyectos individuales que se presenten en el marco del Programa Especial de Pequeña Agricultura, de 400 a 1000 UF (de 14 a 36 millones de pesos aproximadamente), y que los pequeños productores agrícolas y campesinos podrán acceder a una bonificación máxima de 95% del total del costo del proyecto. Esto significa que los pequeños productores podrán desarrollar proyectos de riego más costosos que entreguen soluciones integrales a sus necesidades, sin tener que desembolsar mayores recursos propios.
Junto con estas modificaciones, es indispensable hacer notar que la propuesta de ley aprobada por el Senado permite que todos los agricultores, pequeños, medianos y grandes, sin distinción, puedan seguir accediendo a una proporción muy significativa de los recursos de la Ley de Riego administrados por la CNR (proporción cercana al 60% en 2023, esto es más de 69 mil millones de pesos) a través de la postulación de proyectos asociativos extraprediales.
Tales proyectos -de acumulación, conducción o telemetría, por ejemplo- son fundamentales para mejorar la eficiencia en el uso del agua a nivel de las cuencas, resguardar y mejorar la producción agrícola de todos los actores beneficiados -pequeños, medianos y grandes que integran las Organizaciones de Usuarios de Agua- y para enfrentar los enormes desafíos compartidos que impone la crisis climática.
Finalmente, es importante mencionar que la iniciativa promueve una agricultura crecientemente productiva, pero al mismo tiempo sustentable al establecer, por ejemplo, limitaciones a la bonificación de proyectos emplazados en zonas de laderas y prohibir las obras de drenaje que afecten humedales y turberas. Asimismo, busca incentivar la innovación y el uso de nuevas tecnologías asociadas al riego al ampliar los tipos de proyectos susceptibles de bonificación considerando, entre otras cosas, el mejoramiento continuo de los sistemas de riego y las soluciones basadas en la naturaleza.
En conjunto, los cambios, ajustes y continuidades que se contemplan en el proyecto de ley permitirán enfrentar -de mejor forma que con la ley actual- el enorme desafío de reducir la brecha de productividad y eficiencia hídrica de pequeños y medianos productores individuales, continuar apoyando con fuerza a las Organizaciones de Usuarios de Agua y a todos sus integrantes -pequeños, medianos y grandes agricultores-, y resguardar la sustentabilidad medioambiental y la continuidad en el tiempo de la propia actividad agrícola.
Todos estos elementos son indispensables para contribuir a promover un desarrollo rural basado en la productividad y el crecimiento, pero también orientado a mejorar la calidad de vida de quienes habitan y trabajan en nuestro campo hoy y quienes lo harán mañana. En suma, para avanzar hacia un desarrollo rural justo y sustentable.