Exportar a Estados Unidos ha dejado de ser un ejercicio de logística y márgenes para convertirse en un ejercicio permanente de gestión de la incertidumbre. Con el veredicto de la Corte Suprema, tenemos un déjà vu de abril 2025 con una amarga sensación de no saber a qué atenernos. Y ahora por partida doble.
El año pasado pasamos meses tratando de determinar si el arancel se aplica sobre el valor CIF, el FOB, precio de entrega o el neto de liquidación. En esa zona gris, cada importador interpretó la norma y las relaciones comerciales, construidas por décadas, se tensionaron, en algunos casos hasta el límite. Horas de reuniones, ajustes de contratos, discusiones técnicas y decisiones tomadas con información incompleta marcaron ese período.
Durante esa crisis, algunos supermercados estratégicos apoyaron programas previamente pactados, reconociendo que aplicar retroactivamente los nuevos aranceles hacía inviables los precios acordados y ponía en riesgo la sustentabilidad del agricultor. Entendieron algo clave: asfixiar al proveedor externo es comprometer su propia seguridad de suministro.
Hoy el escenario se repite, pero con un ingrediente adicional y más agresivo. Se anticipa que la administración del presidente Trump redoblará su agenda arancelaria usando otras herramientas legales como leyes de emergencia, con la imposición de un global tariff, inicialmente anunciado en el 10%, que comienza a instalarse como el nuevo estándar de riesgo base para cualquier exportador, aunque la cifra siga cambiando.
En abril de 2025 el problema estaba en el futuro. En este nuevo escenario, los riesgos se acumulan tanto en el futuro como en el pasado.
Hacia adelante, múltiples estudios —entre ellos los de la Reserva Federal de Nueva York— muestran que, tanto en la crisis arancelaria de 2018-2019 como en la actual, quien termina pagando la cuenta es el consumidor estadounidense. Pero ese traspaso no es automático ni neutro. La incertidumbre destruye confianza. Si el apoyo excepcional que dieron algunos supermercados en el pasado fue eso, una excepción, ¿querrán repetirlo hoy?
Además, productos que se habían beneficiado al quedar fuera de ciertos aranceles —como paltas y kiwis de Chile, paltas de Colombia o paltas y limones de Perú— vuelven a quedar atrapados en un global tariff que hoy se mueve en torno al 15%, tras haber sido anunciado inicialmente en 10% al conocerse el fallo y ajustado nuevamente en los días posteriores. Paradójicamente, este nuevo esquema también redistribuye ganadores y perdedores. Un ejemplo: las mandarinas sudafricanas, que enfrentaban aranceles cercanos al 30% y mejoraban perspectivas para Perú y Chile, pasarían ahora a competir bajo la misma tasa que el resto de los orígenes. El tablero se vuelve a barajar.
Mirando hacia atrás, el productor y el exportador enfrentan otra pregunta incómoda: ¿es posible recuperar los millones pagados en exceso? ¿Quién tiene la espalda financiera y legal para pelear esos reintegros? ¿Cómo se validan ante aduanas y organismos tributarios locales —SII, AFIP, SUNAT— sin abrir nuevas contingencias? ¿Habrá voluntad de los recibidores para colaborar en ese proceso?
Cuando los índices de incertidumbre están en máximos, la fruta no se detiene para evaluar escenarios. Se cosecha, se embala y se embarca igual. Estudiar, entender, explicar y recomenzar. Here we go again.
Pero esta vez el margen de error es mucho más estrecho y el mercado ya no perdona a quienes siguen operando bajo el supuesto de una predictibilidad regulatoria que dejó de existir.