La elección de José Antonio Kast como nuevo Presidente de Chile viene a ratificar un pronunciado giro a la derecha de las naciones de Latinoamérica que han celebrado comicios recientemente. Nasry Asfura en Honduras, Rodrigo Paz Pereira en Bolivia, Daniel Noboa en Ecuador, José Raúl Mulino en Panamá, Santiago Peña en Paraguay, Nayib Bukele en El Salvador, y Javier Milei en Argentina, conforman junto a Kast un conglomerado que, si bien no comparten exactamente los mismos principios, coinciden en su desdén hacia el modelo de desarrollo de la nueva izquierda latinoamericana.
La agricultura ha sido un sector extensamente utilizado en el pasado como bastión de las políticas públicas, refrendando con ellas la propuesta social y visión de largo plazo para el país de uno u otro sector. Si bien no existen iniciativas identificadas exclusivamente con cada uno de ellos, el foco, acento y frecuencia de ellas permiten determinar el rol que le asignan a la agricultura y evaluar el aporte a su desarrollo. Los casos que sirven de evidencia permiten concluir que los gobiernos de derecha tienden a priorizar políticas que mejoran la competitividad del sector, como la formación de infraestructura estratégica, apertura comercial, y promoción de la innovación e inversión privada, postergando la inclusión social a un rol secundario, no porque desconozcan su importancia, sino porque conciben que ese es un objetivo que se alcanza con el mismo desarrollo de la agricultura.
En 1973, el gobierno militar de Emílio Garrastazu Médici creó EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) para transformar el Cerrado —un bioma de sabana de 200 millones de hectáreas, entonces considerado pobre e improductivo— en el bastión del desarrollo agrícola brasileño de los últimos cincuenta años, convirtiéndolo en una potencia mundial en soya, maíz, café, azúcar, carne de res y pollo.
En los gobiernos del Likud, desde Menájem Beguín (1977–1983) hasta Benjamín Netanyahu (1996–1999; 2009–2024), se instaló la idea de que la seguridad hídrica es un asunto estratégico para Israel, y que para alcanzarla es necesario implementar políticas que logren el uso eficiente del agua en todos los sectores productivos, incluido el agrícola. A partir de ello se construye la política hídrica moderna de Israel, que hoy le permite desalinizar cerca de 600 millones de metros cúbicos de agua marina a muy bajo costo, reutilizar el 85–90% de las aguas residuales que se usan en la agricultura, y ser un referente mundial en el riego por goteo.
El caso peruano es quizás el más inspirador para quienes estamos en el hemisferio sur. Los grandes proyectos de irrigación que hoy asociamos a la costa norte, como Chavimochic, Olmos o Majes Siguas, tuvieron inicios dispersos en el tiempo, pero su lógica moderna nace en los años 90, en pleno gobierno de Alberto Fujimori (1990–2000). Ahí se instala un modelo de inversión privada para irrigar y mejorar más de 250.000 hectáreas de desierto, estructurando un marco de concesiones para megaproyectos hidráulicos, e incentivando la agroexportación naciente con exenciones tributarias mediante la Ley de Promoción Agraria. Esa combinación convirtió al Perú en líder mundial en espárragos, paltas (aguacates), arándanos y uvas.
En el año 1981, bajo el gobierno de Augusto Pinochet (1973-1990), se aprueba el Código de Aguas, que crea un mercado de derechos de uso transferibles del recurso hídrico, otorgándole seguridad y estabilidad a las inversiones en predios agrícolas, y estableciendo las bases para que el riego tecnificado se expandiera con una velocidad inédita. Esa institucionalidad se complementó con una apertura comercial profunda, también impulsada desde una lógica liberal, que le permitió a Chile insertarse en el mundo como un proveedor confiable de fruta fresca, vino y frutos secos.
A partir de la transición democrática en España, los gobiernos de centroderecha de la UCD (Unión de Centro Democrático), encabezados por Adolfo Suárez (1976-1981), comenzaron a impulsar obras hídricas y programas de modernización rurales en Almería, en ese entonces una zona marginal en términos agrícolas, para aprovechar las oportunidades que traería para la agricultura la entrada de España a la Comunidad Económica Europea. Hoy Almería está convertida en un mar de invernaderos que alimenta a gran parte del continente europeo, siendo uno de los mayores clústeres hortícolas de Europa.
Si bien la desregularización de la agricultura de Nueva Zelanda se inició en el Cuarto Gobierno Laboralista de centro-izquierda, en el año 1985, no es hasta el gobierno del National Party, con Jim Bolger como primer ministro (1990–1997), que se profundizó el abandono de los subsidios a la producción agropecuaria, la liberalización del mercado laboral y la apertura comercial, lo que redundó en una sector más resiliente y competitivo, que hoy es referente en lácteos, vinos y kiwis, entre otros productos.
En Colombia, bajo los gobiernos de centro-derecha de Juan Manuel Santos (2010–2018) e Iván Duque (2018–2022), en el contexto de un país que cultivaba sólo un tercio de las 20 millones de hectáreas aptas que tenía, y regaba menos del 10% de ellas, se implementó el Plan Nacional de Riego y Drenaje para corregir esta falencia, en conjunto con las ZIDRES (Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico) para generar asociatividad entre pequeños productores y escala para el desarrollo de agroindustria en zonas aisladas. Estas medidas ayudaron a multiplicar las exportaciones de productos agrícolas no tradicionales, y transformaron a Colombia en un gran oferente de palta, palma, cacao y otros frutales amazónicos.
Entre los años 1980 y 2010, bajo los gobiernos de una serie de presidentes de los partidos de centro y centroderecha PUSC (Partido Unidad Social Cristiana) y PLN (Partido Liberación Nacional), Costa Rica se transformó en el líder mundial de la piña, impulsado por una serie de políticas liberales para aumentar su competitividad: se generan zonas francas exportadoras, se firman acuerdos bilaterales de libre comercio, se facilita la inversión extranjera directa, se promueve la investigación y tecnificación, y se regula en materias de inocuidad, medioambiente y cumplimiento social.
La historia muestra que la izquierda moderada, cuando abandona la lógica expropiatoria o redistributiva, también ha realizado aportes relevantes para mejorar la competitividad del sector agrícola, especialmente en infraestructura logística y apertura comercial. En Brasil, por ejemplo, durante los dos primeros gobiernos de Lula da Silva, la agricultura vivió una expansión que pocos habrían anticipado. Mientras el discurso público se centraba en justicia social, el Gobierno invertía miles de millones en mejorar la emblemática “carretera de la soya” (BR-163), y las instalaciones de los puertos de Santos y Paranaguá, instaurando al mismo tiempo una agenda diplomática sanitaria que abrió mercados en China, Egipto y Rusia. Durante esos años, las exportaciones agrícolas brasileñas prácticamente se duplicaron. Fue un caso excepcional donde la izquierda, en vez de tensionar al agro, terminó fortaleciéndolo.
La Concertación chilena, auto identificada como una coalición de centroizquierda, que gobernó ininterrumpidamente en los veinte años siguientes a la dictadura militar de Augusto Pinochet, profundizó la apertura comercial de Chile de los 80’, firmando tratados de libre comercio con Estados Unidos, la Unión Europea, Corea del Sur y China, que hoy permiten que los productos del agro chileno lleguen a precios competitivos a los principales mercados del mundo. A ello sumó la modernización del SAG (Servicio Agrícola y Ganadero) y el perfeccionamiento de su rol en la certificación sanitaria internacional, y el fortalecimiento de instituciones pro-innovación como el INIA (Instituto de Investigaciones Agropecuarias). Sin estas iniciativas, ciertamente la competitividad agrícola chilena hoy no sería la misma.
La historia mundial y latinoamericana es elocuente: las políticas públicas que han engrandecido al sector agropecuario son aquellas que han priorizado la creación de un ambiente de negocios propicio para desplegar su máximo potencial. Esto implica la colaboración público-privada para mejorar la infraestructura de riego, las fuentes de energía, y las carreteras y puertos que sostienen el comercio internacional, así como impulsar una industria orientada a la innovación, capaz de elevar de forma continua su competitividad y sostenibilidad.
Por el contrario, las políticas que han empobrecido el sector, muchas veces bien intencionadas en su génesis, son aquellas que han usado la agricultura como herramienta redistributiva. Probablemente, la visión de que la tierra es un recurso nacional intrínsecamente inalienable transformó su propiedad en un botín expropiable más que en una fuente de desarrollo y generación de empleo, lo que redundó en una atomización excesiva de las operaciones agrícolas, incapaces de alcanzar la escala y especialización para competir adecuadamente.
Por estos días el péndulo está inusualmente del lado de la derecha. En este contexto, será clave que los gobiernos honren las buenas políticas que en el pasado trajeron prosperidad y crecimiento a la agricultura, y no dejen pasar la oportunidad de generar las reformas e inversiones de largo plazo que le den sustento técnico y jurídico a un sector ávido de certezas. En un escenario internacional altamente competitivo, contar con bienes y servicios públicos a la altura de los desafíos es, más que deseable, indispensable.