En febrero, agricultores y ganaderos españoles se movilizaban en diversas carreteras exigiendo condiciones que mejoraran su competitividad con respecto a la oferta extranjera, argumentando existencia de competencia desleal por la desigualdad de requerimientos que unos y otros deben cumplir para abastecer el mismo mercado europeo. En marzo, los productores chilenos de trigo salieron a las calles en sus tractores exigiendo al gobierno imponer aranceles a las importaciones del cereal que mantenían el precio doméstico por debajo de los costos internos de producción. Así podemos encontrar decenas de ejemplos en las últimas décadas de diferentes sectores agrícolas en todo el mundo, acudiendo a sus respectivos gobiernos por ayuda para enmendar supuestas desviaciones del mercado que los perjudican injustamente.
La política habitualmente presta oído a esta clase de demandas, pues la agricultura ha sido históricamente un sector económicamente influyente, probablemente más en el pasado que en el presente, pero sobre todo por la “suculenta” masa de votantes que representa y aviva las ambiciones de quienes ostentan cargos de poder, y por ser un sector fuertemente apalancado en pequeñas empresas familiares, mayoritariamente humildes, lo que transforma su devenir futuro en interés social.
La presión social detrás del mundo campesino, acompañada muchas veces por los problemas de agencia de muchos políticos, que ven la oportunidad de velar por sus propios intereses auspiciando las causas de los agricultores, termina con frecuencia con la implementación de malas políticas, no siempre con asidero técnico o económico para sustentarse en el tiempo, y lo peor, poniendo a veces en riesgo activos país de gran valor para otros sectores y para la misma agroindustria que se está intentando proteger.
La implementación o el alza de aranceles para combatir el dumping internacional, o las prácticas desleales de competencia son, en teoría, medidas justificadas para equiparar el escenario en que se compite, pero en la práctica se utilizan mayoritariamente para subsidiar la falta de competitividad interna de la industria, lo que en el tiempo termina siendo un sedante que la adormece lentamente en la ineficiencia. No existe ninguna agroindustria que haya generado valor en exceso bajo el alero de subsidios, más bien la mayor parte de las beneficiadas sólo han sobrevivido por la sola existencia de tales subsidios.
En febrero de 2022, como parte de las medidas de ayuda por el conflicto bélico con Rusia, la Unión Europea levantó las restricciones a las importaciones de cereales ucranianos, lo que hizo bajar fuertemente el precio de estos en el mercado. El resultado de la medida no debiese haber sorprendido, ya que la superficie promedio de cultivo de una operación agrícola ucraniana es 25 veces más grande que su equivalente europeo, lo que le da enormes ventajas en eficiencia por la escala de producción. No fue sorpresa tampoco que poco después los agricultores afectados de Polonia bloquearan las carreteras para que los productos ucranianos no pudiesen ingresar como señal de protesta.
El uso de aranceles en los países desarrollados para “cerrar con candado” el mercado interno para los agricultores locales es una medida proteccionista que debe preocupar en Latinoamérica, ya que, si bien no es una realidad en el presente, es una amenaza futura conectada con las tendencias medioambientales, fitosanitarias y culturales que se están propagando entre los consumidores y agentes de esos mercados. Por lo mismo, instaurar medidas proteccionistas en favor de nuestros productos es una invitación sinsentido a materializar anticipadamente esa amenaza. Países como Chile y Perú han invertido décadas en construir una sólida red de tratados de libre comercio que les han “abierto los candados” de prácticamente todos los grandes mercados del mundo, multiplicando por cientos de veces su potencial de ventas original, y ese enorme activo no se puede poner en riesgo.
Ante problemas de competitividad el enfoque no está en cerrar candados, porque la respuesta será al menos recíproca por parte del afectado, y las puertas que se cierran pueden simplemente no abrirse más.
No existe mayor aliciente de la innovación e iniciativa que la competencia y las consecuencias de vencerla o ser derrotado por ella. En menos de quince años Perú reinventó completamente su agricultura basada en hortalizas para transformarse en un gran productor y exportador de uvas, paltas y arándanos a nivel mundial, y en el mismo período Chile construyó sobre la cereza una industria de más de US$2.500 millones que todavía está lejos de llegar a su potencial de crecimiento, por mencionar algunos casos de éxito. En ambos casos el rol del Estado fue primordial por la infraestructura portuaria y logística, la política de relaciones exteriores, promoción internacional, estabilidad político-económica, y por la infraestructura hídrica, especialmente en Perú, pero ciertamente, no por limitar la competencia internacional para la oferta doméstica.
Ante problemas de competitividad el enfoque no está en cerrar candados, porque la respuesta será al menos recíproca por parte del afectado, y las puertas que se cierran pueden simplemente no abrirse más.