La fotografía dio la vuelta al mundo. Un policía vestido de civil disparaba con un arma corta al cuerpo de un manifestante. José Elice, ministro del Interior de ese entonces, declaraba a los medios que “nada justifica que la policía use armamento prohibido en estas circunstancias, va contra la ley y los reglamentos”. Hubo doce muertos en el marco del paro agrario de 2020, que empezó en Ica, sumándose luego trabajadores de La Libertad y Piura. Así de grave fue. En diciembre de ese año, casi un mes después de iniciadas las protestas, los congresistas no se ponían de acuerdo frente a uno de los reclamos centrales: la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria (ley N° 27360), cuya vigencia había sido extendida el año anterior, hasta diciembre de 2031, durante el gobierno de Martín Vizcarra, a partir del Decreto de Urgencia 043-2019. Así surge la nueva versión del Régimen Agrario.
Gabriel Amaro, presidente de AGAP, es tajante al afirmar que “la nueva Ley Agraria Nº 31110 restó competitividad al sector”. El líder de la Asociación de Gremios de Productores Agrarios del Perú, sostiene que la norma nació como resultado de las protestas sociales, producto de “la informalidad permitida por el Estado y el populismo de entonces. Estos factores permitieron quitarle el carácter promotor a una ley de un sector que es estratégico y esencial para todos los países”.
La nueva Ley, dice Amaro, le generó una serie de sobrecostos y riesgos innecesarios a un sector agrario que venía de varios años de crecimiento en las exportaciones, en la generación de empleo formal en las zonas rurales y en la atracción de inversiones. “Los impactos positivos eran muchos para el país, tanto en el aspecto social como en el económico. Esta situación –la nueva Ley– ha derivado en la disminución de nuevas inversiones, con la consecuente disminución de la generación de empleo formal, y ha ocasionado que la curva exponencial de crecimiento del rubro se ralentice”, agrega.
“Fue un balde de agua fría para nuestros empresarios agroexportadores; estas modificaciones significan reducir, en promedio, la utilidad neta a la mitad de lo que recibían antes”. Ángel Manero, consultor en agronegocios
La Sociedad de Comercio Exterior del Perú (Comex[1]Perú), un gremio empresarial que agrupa a las principales empresas exportadoras, importadoras y proveedoras de servicios de diversos sectores económicos, publicó un informe en septiembre del año pasado, donde afirma que la derogación de la Ley de Promoción Agraria, la cual incluía una compensación por tiempos de servicio (CTS) y gratificaciones legales en las remuneraciones diarias otorgadas –lo que significaba más beneficios que lo percibido en el Régimen Laboral de Microempresas–, ha sido perjudicial para la agroindustria peruana. “Tras la implementación de la Nueva Ley Agraria, a comienzos de 2021, se exigían mayores costos de contratación, que se asemejan al Régimen General, además de contemplarse una bonificación especial por trabajo agrario (BETA), equivalente al 30% de un salario mínimo”, se puede leer en el informe.
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