El fantasma de la escasez de mano de obra acecha de manera cíclica a los productores temporada tras temporada, no solo de la región, sino que a nivel global en países agrícolas como Perú, México, Estados Unidos, Italia, o España. La pasada fue un periodo complejo, sin embargo, durante la presente, Chile y Perú han enfrentado aguas más calmas en lo que a trabajo agrícola respecta. 
Si tomamos el caso de Chile, “en los últimos años, la tecnificación de las tareas del campo y el crecimiento de los sectores urbanos, ha sido el escenario ideal para que solo 1 de cada 10 trabajadores chilenos se dedique al sector agrícola”, explica Matías Araya, socio fundador de Araya y Cía., estudio de abogados especializado en asesoría legal agrícola y comercio internacional para Latinoamérica.
En Perú, en tanto, de acuerdo al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, uno de los problemas de la agricultura del país es el empleo. Datos proporcionados por la entidad, aseguran que la agricultura emplea al 26% de la Población Económicamente Activa (PEA) nacional y al 65.5% de la PEA del área rural. Pero en contraste con su capacidad de generar empleo, es uno de los sectores con menor productividad de mano de obra debido al bajo nivel educativo de la fuerza laboral en el ámbito rural. A esto se suma que el país “todavía continúa lejos del desempeño regional en materia de productividad y aprovechamiento de la estacionalidad de los cultivos, lo cual perjudica considerablemente a los agricultores”, indican desde gremio empresarial ComexPerú.
REVERTIR UN ESCENARIO ADVERSO
¿Qué hace falta en términos regulatorios, para hacer más atractivo el trabajo agrícola? En el marco regulatorio actual chileno “existe un conjunto de normas laborales específicas que regulan la actividad dentro del sector, mediante las cuales se incentiva la formalidad laboral, escrituración del contrato de trabajo, pago de remuneraciones atractivas, cumplimiento de la jornada laboral, entre otras. No obstante, con miras de hacer más atractivo el trabajo agrícola, se deben impulsar un conjunto de medidas en lo que respecta a investigación y desarrollo (I+D), que detecten las necesidades de formación, se diseñen e implementen planes de capacitación técnica y certificación de competencias laborales, enfocadas en la educación de nivel medio y superior, permitiendo aumentar así la productividad y brindar un mayor bienestar a los trabajadores y sus grupos familiares”, explica Matías Araya.
“Si pudiéramos generar cultivos para que los trabajadores al menos tuvieran asegurados 8 meses de trabajo constante, el escenario de la escasez de mano de obra sería muy diferente”. Juan Pablo Subercaseaux
El abogado agrega que se debe continuar promo[1]viendo la conformación de un sistema de información e intermediación laboral, “en el que a través de instituciones regionales o bien municipales como las OMIL, se gestione y coordine eficazmente la contratación de mano de obra entre los distintos actores involucrados (gremios, sindicatos y agrupaciones locales de campesinos). Por otra parte, se debe considerar especialmente la mano de obra agrícola femenina, respecto a la cual habrá que adaptar condiciones laborales que faciliten el desempeño adecuado de sus funciones, por ejemplo, flexibilización de horarios, programas de cuidado de hijos y espacio de cuidado permanente para los niños mayores de 2 años dentro de las zonas rurales”.
Más en terreno, diversificar la temporada de cosecha es uno de los factores que a juicio de Juan Pablo Subercaseaux, ingeniero agrónomo y profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile, puede hacer más estable el trabajo en el sector. “Lo que debemos buscar es producir cultivos que diversifiquen la temporada de cosecha, que no solo se concentre en los meses de verano. Si pudiéramos generar cultivos para que los trabajadores al menos tuvieran asegurados 8 meses de trabajo constante, el escenario de la escasez de mano de obra sería muy diferente”. Sobre lo anterior, Gabriel Amaro, director ejecutivo de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), señala que “existen empresas que tienen una cartera que considera dos o tres cultivos distintos y pueden, de alguna manera ir contratando a los mismos trabajadores. Pero no todas son así, muchos pasan de un cultivo a otro, de una región a otra, y van donde las empresas ofrecen mejores condiciones laborales o mayores beneficios”.
Los sueldos, condicionados a la estacionalidad del trabajo, también son un tema. “Hace 10 años, los sueldos del sector agrícola eran los más bajos del sector productivo nacional. Ahora, es mejor que los sueldos del comercio y la construcción. Pero ese salario que en el mes de diciembre puede llegar entre $1,5 a 2 millones chilenos cosechando cerezas tiene dos limitantes: uno es un trabajo temporal, no te garantizan ese sueldo toda la temporada, solo en el peak; y segundo, en un mall, por ejemplo, tengo una temperatura estable invierno y verano, y el esfuerzo físico es nulo, en el campo tengo frío/calor, tengo que moverme, andar con peso de la cosecha, exige más esfuerzo”, menciona Subercaseaux.
Carlos Furche, ingeniero agrónomo y ex ministro de agricultura de Chile está de acuerdo. “El trabajo en el campo es sacrificado, estar al aire libre, con suerte se tiene un baño químico limpio, se toma agua tibia en verano. Por eso, se va perdiendo la mano de obra”.
¿Cómo se pueden garantizar mejores condiciones? “Los productores están obligados a producir una fruta de buena calidad y a bajo costo. El 70% del precio del costo de un kilo de fruta es la mano de obra. Por lo que la fruticultura necesita más especialización. Si no hay un sentido de preparación es un costo adicional para la empresa. Además, al mejorar la productividad de la gente, necesitas menos mano de obra, mejoras el compromiso, la motivación, la haces más estable y más capacitada”, agrega.
Al analizar el sector, Furche enfatiza que “no le hemos sabido sacar la productividad a la gente, no hemos sabido comprometerlos, no les damos oportunidad a los jóvenes, los migrantes no vuelven, se van a otro sector económico. A lo que se suma que la línea de mandos medios está muy mal preparada, no en la parte técnica, sino que por las habilidades que se necesitan para trabajar con personas. Muchos no saben dar una instrucción, por lo que queda mal hecho el trabajo y el que paga la consecuencia es el trabajador”, explica.
Otro tema importante es dar la oportunidad laboral a jóvenes. “Hace 15 años que nos quejamos de que no hay jóvenes y que se va envejeciendo la mano de obra. Una de las razones es que juntan a 5 jóvenes, que nunca han cosechado con trabajadores que llevan 20 años en el rubro. Se desmotivan inmediatamente y nunca más vuelven”, concluye Furche.
Para Kurt Neuling, gerente del Programa Estratégico Fruticultura Sustentable, Región de Valparaíso, de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), los jóvenes son muy importantes, ya que son los que pueden darle sustentabilidad al sector. Para motivarlos, expone distintas acciones. “Una de ellas tiene que ver con la tecnología o la agricultura 4.0 que es con lo que ellos están más familiarizados; demostrarles que la agricultura moderna puede cuidar ambientalmente el agua, el suelo, reducir los residuos, que puede ser orgánica, y eso los jóvenes lo valoran. Un tercer punto tiene que ver con actividades de campo, talleres y seminarios dirigidos a jóvenes, con presencia y tutoriales en redes sociales. Finalmente, las alianzas colaborativas con instituciones, como centros de formación técnica, universidades, escuelas agrícolas, donde participamos en proyectos con aliados públicos y privados”.
EL IMPACTO DE UNA NUEVA LEY
Si bien en Perú en 2020 comenzó a regir la nueva Ley para el sector, lo cierto es que para muchos no ha cumplido las expectativas.
Para el director ejecutivo de la AGAP este marco regulatorio “ha generado problemas – que en su momento informamos a las autoridades – como la disminución de las inversiones en el sector, incrementos sobre costos a las empresas, hacernos menos competitivos. Si bien el crecimiento de la generación de empleo para el sector era bastante pronunciado, esto ha hecho que disminuyera un poco. Como ya no hay nuevas inversiones, la velocidad de nuevos puestos de trabajo para el sector ha disminuido. El propio Ministerio de Economía en sus últimas proyecciones dice que el crecimiento de la inversión privada para el Perú para este año es cero. Y esto se refleja en los principales sectores económicos, como agricultura”.
Desde su entrada en vigencia a la fecha, precisa Araya, esta norma ha generado diversos efectos, entre los cuales destaca que “durante la primera mitad del año 2022, el sector agrícola creció un 5.3%; sin embargo, la influencia de las modificatorias al Régimen Laboral Agrario ha sido tan significativa que, desde 2021 a la fecha, las inversiones en el sector agroexportador se concentran en implementar sistemas de mecanización para reducir la mano de obra, además de reemplazar los actuales cultivos por otros más rentables en busca de reducir costos de producción”. Así también, la cantidad de empleos formales en el sector agricultura y pesca ascendió a 279.129 a nivel nacional, en mayo del 2022, lo que significó un crecimiento del 12.8% con respecto al mismo mes de 2019, según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), incremento que no es suficiente para compensar los efectos que el nuevo régimen genera para la formalización del sector. “Sobre todo, considerándose que la mayoría de los trabajadores formales del sector pertenecen a las empresas de mayor tamaño, pues aquellas con más de 100 trabajadores significaron el 83.2% de los empleos formales, proporción que continúa al alza desde 2016”.
Y agrega que los cambios al Régimen Laboral Agrario no solo generan mayores dificultades para acceder al sistema formal o hacen que las inversiones del sector agroexportador estén orientadas a reducir la cantidad de trabajadores mediante una mayor mecanización, sino que también se pierde competitividad en las principales agro exportaciones durante el proceso.
“Las últimas inversiones orientadas a la ampliación de nuevas áreas de cultivo en la agroindustria sucedieron antes de la aprobación de la nueva Ley Agraria. Si bien el espíritu de la nueva Ley siempre fue el promover y fortalecer aquellos vacíos y/o falencias legales de una norma derogada, esta no ha considerado que la informalidad laboral del sector agropecuario en Perú sigue siendo excesivamente elevada, generando efectos negativos por el incremento en los costos de contratación, lo que afecta a las pequeñas y medianas empresas, y traduciéndose en la no contratación o renovación de contratos de los trabajadores agrarios”, señala Araya.
Amaro añade que desde que comenzó a regir esta nueva ley a la fecha, se observa, “un aumento de varios puntos en la informalidad y una disminución en la velocidad de contratación. Ha agregado sobrecostos, porque añadió un bono Beta, que es un incremento ficticio, que no se basa en la productividad y nos diferencia de los demás sectores económicos, porque es el único que tiene este bono de 30% adicional a la remuneración mínima vital (RMV) que se incrementa de manera inmediata cuando se incrementa la RMV”.
Milton von Hesse, ex ministro de Agricultura del Perú, añade que “no he visto un problema de menor mano de obra, lo que he visto es que las empresas han tenido que absorber en su estructura de costos este mayor precio. No percibo que haya aumentado el desempleo, lo que sí el sector está un poco estancado. He visto a algunas empresas vender predios y emigrar, pero tiene que ver con otros factores y no solamente con la ley, está la coyuntura del país que no es la mejor en estos minutos y también la estrategia comercial, por lo que algunas empresas diversifican y buscan Ecuador o Colombia”.
EL ROL DE LOS INMIGRANTES
De acuerdo al informe Inserción Laboral de los trabajadores migrantes en el sector rural en Chile, publicado en 2020 y elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la escasez de mano de obra agrícola que se ha observado durante años, “comenzó a ser compensada por la oferta de trabajadores migrantes, sin observarse la presencia de un efecto de sustitución del trabajo de los nacionales por el migrante. Más bien lo que prevalecería es que el trabajo migrante está desarrollando tareas que los no migrantes no están disponibles para realizar”.
La formalización pendiente para regular el trabajo de estos extranjeros, tampoco ha contribuido a atraer personal al campo. “En particular el tema mano de obra este año fue menos complejo para el sector frutícola regional, pero todavía hay un tema de formalización dado que aún no existen las leyes que permitan darle una visa temporal a los extranjeros, de manera que puedan trabajar por temporadas”, precisa Kurt Neuling. Sobre la legislación que regula la inserción laboral de trabajadores migrantes en el sector agrícola, Matías Araya señala que la nueva Ley de Migración y Extranjería (Ley 21.235), que entró en vigencia en febrero de este año, establece “en el marco de la residencia temporal, una subcategoría (entre otras) exclusiva para los trabajadores de temporada, es decir, para aquellos extranjeros que tengan la intención de ingresar a nuestro país para desempeñar trabajos estacionales específicos por periodos limitados, únicos o interanuales.
Este permiso, que no podrá exceder de 6 meses por cada año calendario de su vigencia, facilita el acceso a nuestro país, permitiéndoles ejercer una actividad remunerada al cumplir con los requisitos que establece la ley para aquello. Esta nueva subcategoría, que sigue los modelos adoptados por países desarrollados como Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda, facilita la contratación formal de los trabajadores migrantes, garantiza la protección y respeto de sus derechos laborales, y permite aumentar la disponibilidad de mano de obra en aquellos periodos peak de la temporada”.
La falta de información condiciona de manera importante la integración formal de estos trabajadores. “Entre las principales dificultades que enfrentan los trabajadores migrantes para la inserción en el mercado laboral en Chile es la poca información que existe respecto a cómo deben realizar las solicitudes de residencia temporal dentro y fuera de Chile”.
Las restricciones de contratación de extranjeros establecidas a las empresas es una limitación que, para Araya, afecta considerablemente al sector agrícola. “El artículo 19 del Código del Trabajo, señala que cuando una empresa tiene más de 25 trabajadores, el 85% de los mismos deben ser de nacionalidad chilena. En la actualidad los trabajadores chilenos no se muestran muy interesados en desempeñar funciones en el campo, de ahí que gran parte de la población laboral que participa de ello es extranjera. Por lo tanto, si se exceptúa aquellos extranjeros que puedan considerarse como chilenos, de acuerdo a ciertas reglas dispuestas en el artículo 20 del mismo Código, el número de contratación de trabajadores migrantes se ve reducido significativamente, al menos en aquellas medianas o grandes empresas agroindustriales, las cuales, en la práctica, recurren como alternativa a empresas subcontratistas o de tercerización, lo que sin duda incentiva en gran medida la informalidad dentro del sector”, concluye.