Durante el primer semestre de 2020, la incertidumbre en el mundo producto del Covid-19 era total. Se comenzó a limitar los desplazamientos de personas y a cerrar las fronteras impactando en el comercio, lo que derivó en una profunda crisis por todos ya asumida. Es en ese contexto que actividades esenciales como la agricultura, cuyo rol fundamental es mantener el aprovisionamiento de alimentos a la población, logró adaptarse y mantener al mundo abastecido.
En Chile, desafíos como la falta de mano de obra para la cosecha de invierno 2020 y verano 2021, problemas logísticos, lluvias veraniegas y problemas comerciales con las cerezas en China, además de cambios abruptos de demanda, obligaron a re-direccionar el comercio exterior a mercados alternativos. Sin embargo, a pesar de ser una actividad económica esencial, no han existido planes de salvatajes gubernamentales exclusivos para la industria agrícola como ocurrió, por ejemplo, en EE.UU. que alcanzó los US$ 19.000 millones. Una sola entidad estatal, INDAP realizó apoyos dirigidos a la agricultura familiar campesina que explota pequeñas huertas, las que a su vez se vinculan mayoritariamente con economías locales.
A pesar del Fogape (instrumento de apoyo al financiamiento de la micro y pequeña empresa) y el rol de BancoEstado con sus políticas contracíclicas en materia de préstamos en el mundo agroalimentario, la restricción crediticia proveniente de la banca privada es un hecho. La banca silvoagropecuaria pasó de crecer 8% anual a una contracción del 5% durante 2020, siendo que la referencia estadística histórica indica que tras la última recesión económica -Crisis Subprime- la fruticulutra nacional no incrementó en los posteriores 3 años.
Así las cosas, existe una baja disposición de la banca privada en apoyar al agro, toda vez que desde junio de 2020 esta no ha aumentado su exposición en el sector, lo que está trayendo un freno injustificado sobre un rubro con sólidos fundamentos de inversión: Acíclico, resiliente, con activos reales alternativos detrás, ligado fuertemente al comercio exterior -dólar- y al aumento de la demanda de alimentos a nivel global producto del crecimiento de la población y su poder adquisitivo.
Con este panorama, 2021 no será un año fácil para el sector silvoagropecuario chileno. Este período estará cargado de reestructuraciones financieras y procesos de normalización de crédito. Los mayores desafíos son mantener liquidez que les permita sobrellevar esta crisis.
En Agrocapital realizamos un estudio que revela que en Chile la alta concentración del financiamiento silvoagropecuario radica en tres bancos -64%- masivos y no especializados: Banco de Chile, Santander y BCI. Con todo, para promover mejores condiciones crediticias para el sector agropecuario, el foco podría estar en incentivar la competencia, promover la innovación financiera bancaria y no bancaria. Es así como el “talón de Aquiles” de la industria bancaria para atender al sector agrícola sigue siendo las condiciones particulares del financiamiento, más que el acceso.
¿QUÉ MEJORAR?
BancoEstado debería tomar mayor protagonismo en la industria financiera sobre su posición en el sector agrícola: Revisar sus políticas de crédito y riesgo, en especial a las frutícolas, para efectos de convertirse en un actor relevante en la industria. Sin embargo, su pesada estructura operativa y su falta de dinamismo le juegan en contra. Incluso, su administradora general de fondos podría jugar un rol más innovador, desarrollando instrumentos y estrategias complementarias que permitieran acelerar el crecimiento de los agronegocios.
Cabe recordar que cuando Antonio Walker fue ministro de Agricultura desarrolló una serie de reuniones con la industria bancaria para promover mejores políticas crediticias por parte de la banca con el sector silvoagropecuario. Esto llevó a que BancoEstado y otras instituciones crearan gerencias especializadas para atender a este sector que representa hasta el 14,4% del PIB considerando el encadenamiento productivo.
La Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) podría generar información estadística periódica que mitigue los riesgos de crédito y de seguros agrícolas. Del mismo modo, se hace necesario generar información pública que promueva la entrada de actores no bancarios y hablar con inversionistas institucionales con el fin de entender qué información podría el Estado generar con el fin de que se mitiguen riesgos sectoriales. La industria de seguros agrícolas podría incrementar el valor asegurado que hoy ronda los US$ 550 millones (10% del agro) para asimilarnos a países como Perú que aseguran el 50%.
Asimismo, y ante el difícil escenario para el sector, las empresas agroalimentarias también deberían mejorar la calidad de la información que entregan a la banca. En nuestra experiencia, la falta de entendimiento entre las partes se traduce en spread de riesgo y restricción del crédito. La banca, por su parte, financiará los mejores prospectos y seguirán siendo muy cautos.
Considerando que las compañías agroalimentarias tienen mejores fundamentos frente a otras, hay que entender que la fruticultura genera mayor flujo por hectárea y Chile podría duplicar o triplicar la superficie frutícola nacional. Ello, en términos agroindustriales, evidentemente permite crecer en valor agregado, por lo que tenemos un techo de desarrollo productivo muy alto.
Chile tiene todo para avanzar y si la banca local no comparte estos fundamentos se le generará, inevitablemente, competidores a mediano plazo. El freno en las colocaciones bancarias pavimentará la entrada de nuevos actores, especialmente no bancarios. Sin embargo, eso no será inmediato, por lo que es vital prepararse para tiempos turbulentos en momentos de crisis. Los que no lo entiendan y los que esperen milagrosos salvatajes gubernamentales, posiblemente quedarán en el camino.